LA INAPLAZABLE NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY DE CARRERA MILITAR

     Los hechos consumados marcan el ritmo de la historia. Los errores cometidos en el pasado se asimilan como parte de la normalidad cuando se consolidan con el paso del tiempo. Cuando ya casi nadie recuerda cómo eran las cosas antes o como podrían haber sido, cuando lo actual parece que estuvo siempre ahí; entonces sucede que no valoramos lo que teníamos, que perdemos el espíritu crítico y nos acostumbramos o resignamos a lo presente. Y en nuestro acomodo, se asienta la resistencia al cambio. El cambio: ese motor trasformador que da miedo afrontar. Y sin embargo, no nos damos cuenta que lo que tenemos hoy es fruto de otros cambios anteriores de los que no tenemos memoria. No todos los cambios son para mejor. A veces el cambio es un fracaso, pero nunca hay que renunciar a intentar mejorar. En este sentido lo más difícil es reconocer que algo no funciona, que algo no se hizo bien en su momento. El fracaso es uno de esos fantasmas que nunca admitimos ver. Y sin embargo el éxito se asienta en una sucesión de fracasos anteriores. Es lo que da la experiencia.

Miremos nuestro régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, fruto del desarrollo de la ley 39/2007: la llamada ley de la carrera militar. Es la tercera de la democracia y la tercera desde que existe el Ministerio de Defensa, como heredero de los antiguos Ministerios de la Guerra, Marina y del Aire. Desde que se aprobó la ley han trascurrido trece años. Entre la primera (17/89) y la segunda ley (17/99) pasaron diez años y entre la segunda y la actual (39/2007) ocho, por lo que si se siguiese una progresión lógica deberíamos haber aprobado ya una cuarta. Pero, ni se ha hecho, ni hay intención de hacerlo. Da la impresión de que el proceso de reforma del personal de las Fuerzas Armadas, que comenzó en 1989, ha terminado ya y se ha alcanzado el objetivo deseado. O eso, o que la última ley creó tantos problemas que no se quiere intentar hacer una nueva para evitar riesgos políticos. Y me temo que la segunda razón es la verdadera.

            Los políticos, que últimamente son más dados a crear problemas que a solucionarlos, necesitan ser empujados a esto último. No podemos seguir dando a entender que nos queremos quedar con la ley 39/2007, que mejor dejar todo como está. Esa resignación mina la moral y la capacidad de las Fuerzas Armadas. Y es que hay serios motivos para una nueva ley. Y es que la actual ha sido un fracaso estrepitoso, por más que intentemos ocultárnoslo a nosotros mismos. Es más, nunca se ha aplicado como está escrita porque lo contrario hubiera sido un auténtico desastre. Y si nunca ha llegado a aplicarse en su integridad es porque tácitamente se reconoce que no se hizo bien.

He escrito muchas veces antes sobre la Ley 39/2007, pero como ha pasado mucho tiempo de eso, conviene hacer un repaso de los cambios fundamentales que introdujo la ley y en qué grado se han aplicado. Recordemos que los tres grandes pilares de la ley de carrera son: la introducción de un título universitario de grado adicional a la formación militar en las academias de oficiales y uno de formación profesional en las de suboficiales, el régimen de ascensos por clasificación y elección, y la unificación de las antiguas escalas media y superior de oficiales en una sola.

La introducción de un título de grado universitario en la formación de oficiales ha supuesto la obligación del alumno de cursar dos grados simultáneamente: el de una carrera universitaria y el de la formación como oficial del Ejército correspondiente. Además coexisten dos Centros diferentes para impartir esa formación: la academia militar y el Centro Universitario adscrito a la Defensa (CUD), con directores diferentes y cadenas de mando diferentes. La coordinación de ambos Centros descansa en la buena voluntad de su personal y sobre todo de sus directores, pero es una anomalía que produce continuas disfuncionalidades.

 El alumno, dentro de un régimen peculiar como es el de una academia militar, tiene que aprobar dos carreras a la vez, en unas condiciones mucho más difíciles que un alumno de cualquier universidad. Ello hace que los alumnos soporten una enorme presión académica y tengan dificultades para superar ambos planes de estudios. El sistema estaba pensado para que no todos los alumnos superasen el plan y que las bajas se cubrieran con alumnos con carreras universitarias que se incorporarían a partir de cuarto curso.  En la práctica, se intenta que las bajas sean mínimas y que casi todos los alumnos logren graduarse y recibir su despacho de oficial, porque lo contrario es un enorme despilfarro de recursos. Sin embargo, sí que se han producido algunas incorporaciones de alumnos con títulos de grado a partir del cuarto año, provocando otra disfuncionalidad al salir oficiales con idénticas atribuciones, pero con dos formaciones diferentes.

La formación militar y profesional, la realmente necesaria para cumplir los cometidos, está saliendo muy perjudicada al no disponer de margen para la incorporación o modificación de nuevos contenidos. La formación militar y verdaderamente profesional está muy limitada por la exigencia del CUD para la aprobación de las asignaturas del grado. Y a todo esto, ¿Cuál está siendo el resultado de los nuevos oficiales que salen formados con este sistema?

Pues podemos decir que no existe un estudio verdaderamente serio y objetivo sobre el resultado, pero al menos, en lo que a la Armada respecta, hay dos datos que sí podemos asegurar por el momento: el grado de motivación e ilusión de los oficiales que salen de la Escuela es muy bajo, y el nivel de aprovechamiento del grado universitario que poseen de momento es desconocido, o sea nulo mientras no se demuestre lo contrario. La reducción de los periodos de prácticas en el plan de estudios, sobre todo en aquellos alumnos que entran con titulación, los ha dejado en un número claramente insuficiente. Ello, es de justicia decir, se ha venido agravando por la reducción de días de mar de la Flota por las restricciones presupuestarias y por la carencia de buques que puedan desempeñar ese cometido con eficacia, ése que antiguamente hacían las Corbetas con tanto éxito.

Bajo mi punto de vista, hay una conclusión clara sobre el actual sistema de enseñanza de oficiales, y es que el título de grado casi totalmente ajeno a nuestra profesión, supone una distorsión en la formación y una dificultad muy grande para mejorar la enseñanza realmente profesional. La utilidad de este título es, como mínimo, incierta, y la posibilidad de utilizarlo fuera de las Fuerzas Armadas es muy baja, dado el largo periodo de servicio que el oficial debe dedicar a la institución antes de poder desempeñar su título de grado, con el que no desarrollará su carrera de ingeniero o graduado. Alguien nos ha hecho creer que nuestra formación era muy similar a la de un ingeniero, pero la verdad es que tiene poco que ver, aunque muchas asignaturas teóricas coincidan más o menos. El Ejército del Aire ha propuesto un cambio en el modelo de enseñanza que une el título de grado a la propia formación militar, de modo que desaparezca la dualidad. Consiste en crear un grado nuevo ad hoc, que no proporcionará un título que contemplan el resto de universidades, sino un título propio que permita elaborar el plan de estudios que se requiera para formar un oficial. El modelo no es exactamente nuevo ni original, es exactamente el de los oficiales de la Guardia Civil. En cierto modo, este modelo supondría volver al anterior, pero beneficiándose de las sinergias creadas con las universidades. La propuesta del Ejército del Aire, aunque jurídicamente pueda caber en la ley de carrera, está claramente fuera de las que fueran las intenciones del legislador, pero eso ya no es nuevo, dado que, en otros aspectos importantes del mismo texto legal, dichas intenciones se han dejado de lado. Esta iniciativa podría ser una buena solución, pero no cabe duda que, más temprano que tarde, habrá que hacer una ley nueva porque se está quedando cada vez más fuera de la realidad.

En el caso de los suboficiales, la ley no ha supuesto tantos cambios, aunque obliga a obtener una titulación de formación profesional. En algunas especialidades, la equivalencia puede ser sencilla, pero en otras resulta más complicada y los ajustes de los Planes de estudios pueden dificultar la enseñanza de contenidos profesionales. No obstante, la formación del suboficial se ha alargado y ha permitido dar una enseñanza de calidad. El problema, es que los suboficiales, aunque procedan de promoción interna, carecen de experiencia porque, aunque son muchos los que proceden de la escala de tropa y marinería, pocos han pasado suficiente tiempo en ella. Esto, tradicional en el Ejército de Tierra, es un problema para la Armada.

La promoción interna para oficial, por cierto, ha sido muy dañada con la nueva ley de carrera. La posibilidad de ingresar en una academia militar de oficiales desde suboficial resulta muy complicada, porque sin una titulación de grado universitario no se convalidará al suboficial, cabo, soldado o marinero prácticamente nada de su formación anterior. Si la formación de un oficial que ingresa sin título universitario son cinco años y la de suboficial tres, el resultado final son 8 años de estudios y muy escasa experiencia profesional para sacar un oficial procedente de suboficial. Un suboficial que, por cierto, apenas habrá desarrollado sus cometidos profesionales en esa escala, por lo que en puridad no se puede hablar de promoción interna sino de otra forma de ingreso. Tampoco la promoción interna en la escala de suboficiales es real, los que ingresan a través de esas plazas son, mayormente, marineros con un solo año de antigüedad. Resulta mucho más atractivo para un soldado o marinero, que están ingresando con una formación superior a los que las FAS necesitan de ellos, promocionar a suboficial que a cabo o cabo 1º, por lo que hay serios problemas para cubrir las necesidades en estos empleos.

Y aquí enlazamos con otra de las principales novedades que trajo la ley de carrera militar, que fue la eliminación de la antigua escala de oficiales, antes escala media, para fusionarla con la antigua escala superior, ahora escala de oficiales.  En su momento, fue el aspecto más controvertido de la ley y el motivo de miles de recursos de oficiales de los tres Ejércitos. Oficiales con titulaciones distintas y trayectorias diferentes fueron metidos con calzador en una nueva escala que los mezclaba sin consideración y que daba antigüedades de una manera, vamos a decir, poco rigurosa. El ambiente que se creó en entre los oficiales de las Fuerzas Armadas fue bastante enrarecido y el nivel de motivación entre los oficiales afectados tocó fondo. Hoy este aspecto ha quedado muy atrás y podemos decir que se ha normalizado. Sin embargo, las Fuerzas Armadas han creado un problema que no tiene, en este momento, una solución totalmente satisfactoria. Al desaparecer la escala media, antes escala auxiliar, no hay suficientes oficiales en los empleos más bajos: teniente y capitán. Para paliar esta carencia la ley de carrera contemplaba dos vías: los retenidos en el ascenso y los militares de complemento. Ninguna de las dos vías está funcionando bien. El número de oficiales retenidos, que son aquellos que no habiendo superado las evaluaciones para el ascenso quedan definitivamente en el empleo inferior, es muy escaso. El oficial retenido es un individuo muy desmotivado, sin ánimo ninguno de mejorar su perfil profesional cuando sus opciones de ascenso están totalmente cerradas. Por ese motivo y porque, de momento, tampoco sobran efectivos en los empleos más altos, los Ejércitos han optado por ascender a la casi totalidad de los oficiales hasta teniente coronel, y no limitar su progreso profesional a los pocos años de carrera. Y es que el sistema de ascensos es otro de los grandes fracasos de la ley, pero de eso hablaremos luego.

La otra opción para completar la necesidad de oficiales en los empleos más bajos era la del militar de complemento, individuos que podían acceder a las Fuerzas Armadas con el grado de oficial firmando un contrato de ocho años si estaban en posesión de algunos títulos universitarios. Y aquí es donde surge el problema. Porque el militar de complemento siempre ha sido un problema para el Ministerio de Defensa, como ahora lo empieza a ser la tropa y marinería profesional. En la cultura española, un país con una tasa de paro estructural bastante elevada, y entre ese grupo de parados hay muchos jóvenes con títulos universitarios, no hay nada más valioso que un empleo fijo. En otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, el paro estructural es casi una anécdota y es prácticamente nulo en individuos con títulos universitarios. La posibilidad de adquirir un empleo fijo en esos países, de donde se ha copiado la desafortunada ley de carrera, no es demasiado importante en comparación con otras consideraciones. Es frecuente y está normalizado cambiar de empresa y de trabajo, y no necesariamente supone un drama. En España los empleos públicos están mejor pagados que la mayoría de los privados, y tienen la garantía de que suelen ser fijos. Cuando la administración contrata trabajadores temporales enseguida surgen los conflictos laborales y las protestas.

Los militares de complemento no son ajenos a esa problemática. Antes de la entrada en vigor de la ley actual, los militares de complemento podían renovar su contrato año tras año y presentarse a un proceso selectivo para acceder a una Escala de oficiales que garantizaba un empleo fijo. Si la cosa no salía bien, venían las protestas laborales ya que después de muchos años en las Fuerzas Armadas la reinserción laboral era muy complicada. Para evitar esos problemas en el futuro, se decidió incluir en la ley de carrera que los contratos solo podrían prorrogarse hasta ocho años. Y para que todos los militares de complemento tuvieran las mismas oportunidades, solo se permitió entrar a aquellos que poseían títulos universitarios equivalentes a los oficiales de carrera, es decir ingenierías o asimilados. De ese modo todos podrían acceder por promoción interna a los procesos de selección de acceso a dicha escala. El problema es que la oferta no es atractiva. Los militares de complemento tradicionalmente procedían de aquellas carreras universitarias con mayores tasas de paro y ahora esos tienen vetado el acceso. Los ingenieros son de las titulaciones con menos paro en España, y la opción de pasar ocho años en las Fuerzas Armadas para ejercer unos cometidos que muy poco tienen que ver con su profesión, no resulta interesante a la inmensa mayoría. En consecuencia, año tras año, las plazas convocadas por el Ministerio de Defensa para militares de complemento de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, no se cubren. El problema, nuevamente, es el título universitario, al haber ligado la ley de carrera la condición de oficial de las Fuerzas Armadas a la de ingeniero.

La opción de las escalas auxiliares, con mayoría de efectivos procedentes de suboficial, llenaba el hueco de manera mucho más satisfactoria, ya que para los suboficiales el acceso a esta escala suponía un aliciente que ayudaba a la motivación. O sea, al contrario de lo que sucede con los oficiales retenidos en el ascenso, que sí no se cambia el sistema, serán a largo plazo los que rellenen los puestos en los empleos más bajos.

Y finalmente llegamos al asunto de los ascensos. Hasta la ley de carrera 39/2007 todos los oficiales y suboficiales ascendían al empleo superior cuando cumplían los tiempos de servicio establecidos y pasaban los cursos preceptivos, cuando los había. Por estricto orden de antigüedad. En la ley anterior, la 17/99, el orden de ascensos podía verse modificado dentro de la misma promoción, pero no entre promociones diferentes. La antigüedad era el rasgo más importante de la carrera militar. Y la antigüedad se obtenía con la experiencia. La antigüedad significaba jerarquía, y como un elemento sagrado, todos los militares la respetaban y aceptaban con un respeto indiscutido. Para conocer y regular la antigüedad estaba el escalafón, donde cada uno ocupaba su sitio según su orden de antigüedad. El escalafón avanzaba, pero siempre por orden de antigüedad. Solo para los empleos de oficial general o suboficial mayor se podían promover ascensos sin respetar el sagrado orden de la antigüedad. En la antigüedad descansaba la jerarquía, y en la jerarquía la disciplina por autentico convencimiento.

Pues bien, la ley de carrera militar destruyó la antigüedad, pero mantuvo el escalafón. Es decir mantuvo el instrumento, pero no su justificación. El nuevo escalafón es errático y puede producir cambios de jerarquía notables e imprevistos. La jerarquía ya no es una vaca sagrada, y la disciplina se acepta, pero no convence como antes. Los ascensos por clasificación o elección, como introdujo la ley de carrera militar, pretendían ascender a los mejores, no a los más antiguos. Y tal objetivo, por excesivamente ambicioso, ha distorsionado la escala militar y ha degradado la razón de ser del escalafón.

Cuando se evalúan varios militares de carrera para decidir a quien se asciende y en qué orden, nos encontramos con un problema  inconmensurable y al que la normativa de desarrollo de la ley ha dado una respuesta inauditamente calamitosa. Se optó por lo más fácil y lo más barato: el sistema de Informes Personales de Calificación (IPEC) y la trayectoria profesional. Ambas herramientas tenían una ventaja sobre cualquier otro sistema que se introdujera, y es que ya estaban en el sistema, por lo que permitían ordenar a los militares con valoraciones nuevas, pero hechas con elementos ya existentes aplicados de manera retroactiva. Cualquier otro sistema hubiese sido mucho más complicado de instaurar. Se optó por lo más fácil, pero también por lo más defectuoso, injusto y arbitrario. Pero lo importante entonces era poder aplicar la norma lo antes posible.

La valoración de la trayectoria es arbitraria porque ésta no se realiza, en muchos casos, según la voluntad del interesado. Cuando se aplicó la norma por primera vez cualquiera podía haber pensado: “Si sé que este destino o este curso puntúa tan poco, no lo hubiera pedido”. Pero desafortunadamente, en muchos casos, ni siquiera la trayectoria la decide el propio interesado. A un militar se le premia o se le sanciona por estar en destinos o realizar cursos de especialización que tuvo que realizar porque su antigüedad no le permitía realizar otros. O sea valoramos los méritos de un profesional por una trayectoria que se le ha ordenado hacer. Por otro lado, la dispar valoración de unos destinos respecto a otros perjudica grandemente la eficacia de las Fuerzas Armadas al penalizar indirectamente el desarrollo profesional en determinados puestos. Lo que viene sucediendo al final es que hay destinos donde nadie quiere estar, si alguien tiene que estar, tendrá la permanencia mínima o solo permanecerán aquellos que, desilusionados con sus expectativas de carrera, solo busquen estabilidad geográfica. Para evitar esto, se ha ido reduciendo las diferencias de valoración entre destinos, hasta hacerlas lo menos relevantes posibles, salvo destinos de mando o especial responsabilidad que se asignan en otros procesos de valoración independientes. Procesos que también se basan en los IPEC, por lo que en muchos casos aunque no en todos, el IPEC es directa o indirectamente la casi única herramienta del sistema.

Y ¿Qué es el IPEC? El IPEC es un informe de valoración del personal que realizan tres calificadores, de los cuales uno es el superior inmediato y al que los otros suelen copiar o imitar el informe, que se basa exclusivamente en el criterio puramente subjetivo del calificador. EL IPEC no está sometido a ninguna norma objetiva, y aunque los campos que describe son muchos, la única utilidad de todos ellos es meterlos en una fórmula matemática para poner en orden a todos los calificados. Un solo orden, que define quienes son los buenos y quienes los menos buenos, no en algo específico, sino globalmente. El calificador no tiene que demostrar ni probar nada, su criterio es suficiente para decidir la valía del calificado con una cifra entre 1 y 10, de la que naturalmente si se tiene menos de 8, se estará en la cola del frente de evaluación. Porque cuando se selecciona un frente de evaluación, se están seleccionando IPEC de calificadores diferentes para cada individuo y para cada año y entre los que sus baremos mentales serán diferentes. Entre el total de calificados habrá como mucho dos calificados que coincidan en un calificador en un solo IPEC, tal vez dos, en un total de 20 informes por individuo, en el caso de la Armada. Es muy escuchado el argumento de que, aunque unos calificadores puntúan más alto que otros, después de varios años trayectoria se compensan por el elevado número de calificadores que uno ha sufrido. Pero esa afirmación carece de fundamento matemático, ya que como se ha indicado, el número de IPEC hecho por los mismos calificadores en un mismo proceso de evaluación es casi inexistente debido al elevadísimo número de éstos.

Además, al haber un número de calificadores tan alto, que además desconocen el baremo de los demás, la existencia de un valor de referencia es prácticamente imposible. Se ha afirmado con insistencia, que la razón de esa disfuncionalidad es que los calificadores no hacen bien los IPEC, por poner notas siempre muy infladas, pero pese a ello, el sistema prosigue su marcha como si los resultados fuesen plenamente acertados. En la propia instrucción para el relleno de los IPEC se afirma que la C es una nota que debería abundar en todos los calificados, que la B es menos frecuente y solo debería aparecer en algunos rasgos, y que la A, por excepcional solo puede aparecer unas pocas veces. EL hecho es que si en tus calificaciones abunda la C irás a la cola del frente de evaluación y que los primeros de cada frente tendrán A en la mitad de sus rasgos o más. La SEPEC (organismo que controla y clasifica en las evaluaciones de la Armada) puede devolver unos informes si son demasiado buenos, y de hecho lo hacen, pero curiosamente los primeros de cada frente tienen unas medias que superan con creces los límites que la propia SEPEC marca.

SI descendemos a los datos concretos, vemos que en un frente real de evaluación de oficiales de la Armada las notas medias en todos los conceptos están por encima del 8. Solo unos pocos individuos tienen la desgracia de tener menos nota, y eso que seguro que en sus informes de 7 o 7,5 se afirmara que se trata de un magnífico profesional. Las diferencias entre el primero y el último o penúltimo del frente no superarán un punto en la mayoría de los conceptos y sin embargo su destino será radicalmente diferente. Para convertir esas diferencias pequeñas en relevantes se normalizan las notas mediante una fórmula matemática que convierte la mínima nota en el 10 y la máxima en un 20, disparando las diferencias. Pero esta operación esconde un enorme fraude. Si la media esperada entre los evaluadores, según las instrucciones del IPEC, debe ser un 5 o un 6 y la media real es un 8, eso significa que los evaluadores tienen un error de medición en su informe de 3 o 4 puntos de media. Sin embargo la diferencia entre sus calificados es apenas de un punto, un punto y medio a lo más. Esto quiere decir que en la diferencia de sus valoraciones es mucho menor la diferencia en la calificación que en el error que cometen al hacerla. Al normalizar las calificaciones lo que hacemos es amplificar los errores. El resultado es enormemente errático. Por supuesto, no es así en todos los casos. Cuando un superior se quiere asegurar que el calificado se salga por arriba o por abajo, basta con romper los límites del sistema y poner calificaciones por debajo de 8 o por encima de 9. Lo primero será bien recibido por la SEPEC porque se acerca a los valores teóricos de referencia, aunque ya sabemos que en la práctica hundirán al calificado. En el primer caso, dependiendo de si el calificado tiene “prestigio” entre los mandos, se permitirá romper las normas ya que se tratará de un individuo “que todo el mundo sabe que es excepcional.”

Este arbitrario método da mucho poder a los mandos permitiéndoles cierto control y coacción a sus subordinados directos, porque es totalmente discrecional. A cambio, disuade a los subordinados que aún tengan expectativas de carrera, de cualquier enfrentamiento con sus jefes directos. Ello garantiza que el primer criterio para el ascenso sea el de las lealtades personales, cuando no la sumisión al sistema, apagando todo espíritu crítico. La disciplina es algo que ningún militar puede poner en duda, la sumisión es una perniciosa derivada que daña a las Fuerzas Armadas. La lealtad debe entenderse en un sentido amplio, también de superior a subordinado, no solo a la inversa, y sobre todo a España y a los principios que sustentan la profesión militar, no a personas concretas que puedan tener intereses particulares, incluso espurios.

El sistema de IPEC se emplea para poner en orden los frentes de evaluación y decidir los ascensos. También para asignar los destinos de mando y especial responsabilidad. Pero el sistema de IPEC no informa de las verdaderas cualidades de su individuo ni de sus capacidades profesionales, y aunque lo hiciera, lo único que se recoge es un número de orden. Un número de orden de un grupo de profesionales con trayectorias muy dispares y jefes muy distintos. EL IPEC no solo no valora bien, sino que desmotiva y no fomenta el talento ni la promoción profesional.

La ley de carrera introdujo también otro aspecto novedoso: las especialidades de segundo tramo, tanto para oficiales como para suboficiales, que deben hacerse en el tercer empleo para reorientar su trayectoria y que deben ser preceptivos para el ascenso. Curiosamente, el desarrollo normativo y efectivo de las especialidades de segundo tramo se ha retrasado muchísimo. La Armada no ha empezado a implementarlas en oficiales hasta 2019 y en suboficiales está arrancando ahora. El Ministerio de Defensa emitió el reglamento el  año pasado. No vamos a entrar en las razones de tan prolongada demora, pero todo parece indicar que los Ejércitos y la Armada han ofrecido bastante resistencia a su aplicación. La implementación de estos cursos supone un coste importante tanto directo como de oportunidad, ya que los alumnos que los cursen dejan de ocupar destinos en la estructura mientras los realizan.

Sin embargo, las especialidades de segundo tramo constituyen uno de los pocos aciertos de la ley. Si las especialidades se convierten de manera efectiva y real en el arranque de una segunda trayectoria, van a solucionar varios problemas. Por un lado, los cometidos que tanto oficiales como suboficiales desarrollan en su segunda trayectoria tienen muy poco que ver con los de la primera, que son esencialmente operativos. Para dichos cometidos se les preparó en los centros docentes de formación, mientras que para los segundos no se les daba ninguna preparación específica. Por otro lado, en el modelo actual, no existen trayectorias definidas. Al no haber preparación específica, un militar puede moverse por un abanico amplio de destinos de naturaleza muy diferente sin que se valore demasiado su experiencia o formación, y al final se le evalúa en base a los IPEC donde las estimaciones de sus mandos directos decidirán su futuro. Con este modelo, en lugar de crear trayectorias de especialización que diferencien a los militares por su experiencia y conocimientos, se crean trayectorias diversas en las que solo hay buenos, menos buenos y regulares, lo que produce desmotivación en muchos y desaprovechamiento del talento y la experiencia en la institución. Las especialidades de segundo tramo pueden dar una solución a este modelo, pero no basta con crear los cursos preceptivos, sino que deben crearse las trayectorias con destinos seleccionados y ascensos por especialidades. Y en eso, la ley de carrera con sus sistemas de ascenso y evaluaciones basadas en los IPEC y en valoraciones de trayectorias distintas, encaja mal. Esta anomalía de la ley demuestra que se elaboró con muchos errores y que es necesario cambiar muchos de sus planteamientos, lo que necesariamente debe hacerse redactando una nueva.

            Y, ¿qué soluciones pueden proponerse para esta nueva ley? Algunas ya se han ido exponiendo a lo largo de este artículo. La enseñanza debe volver a ser específica y olvidarse de la utopía de dar dos carreras con el tiempo y los medios de una. Para ello, y para no desperdiciar la experiencia de haber cooperado con la Universidad, la solución propuesta por el Ejército del Aire parece la más acertada. Un título de grado y máster, sí, pero propio y específico de cada Ejército. Un modelo similar valdría para los títulos de técnico superior de los suboficiales, y que permitiría una convalidación significativa del grado de oficial, facilitando la promoción interna. Respecto al sistema de ascensos, es necesario volver a la antigüedad hasta el grado de coronel y olvidarse de evaluaciones basadas en criterios subjetivos. Las evaluaciones deben ser específicas para el mando y los destinos de especial responsabilidad y los IPEC deben ser reducidos y su utilidad muy limitada. No deben compararse trayectorias diferentes. Al fin y al cabo, los empleos militares siempre han representado mucho más la veteranía y la jerarquía que los cometidos profesionales. La antigüedad garantizaba mucho más la disciplina y el compañerismo que cualquier otro criterio para ascender. Los puestos de especial responsabilidad, en cambio, sí que se pueden evaluar por capacidad e idoneidad. Y aquí también entran las trayectorias profesionales, además de informes personales que tendrán que estar basados en características más específicas y objetivables que los IPEC.

            La nueva ley de carrera militar debería permitir trayectorias profesionales más especializadas, perfiles más motivadores y un sistema de ascensos menos competitivo, excepto para los empleos más altos del escalafón. La enseñanza, orientada a formar profesionales de la milicia y no de otros órdenes, y a facilitar una verdadera promoción interna que motive a las Escalas de suboficiales y de tropa, pero también que permita aprovechar la experiencia profesional. Accediendo al grado de oficial y suboficial a militares de dilatada experiencia en las escalas de menor categoría, permitirá además cubrir las necesidades de los primeros empleos de dichas escalas.

            Las Fuerzas Armadas siguen evolucionando, con algunos pasos adelante y otros, desafortunadamente, hacia atrás. Es hora de aprovechar los aciertos, pero también de rectificar los errores cometidos y seguir cambiando, evolucionando a mejor. El tiempo apremia, el futuro es hoy.