“Playa de Bakio”, “Alakrana”, desierto de Mali: en un
espacio de tiempo relativamente corto se han sucedido tres secuestros de
civiles españoles por grupos armados fuera de nuestras fronteras. En los dos
primeros casos el entorno es idéntico: la piratería somalí en el Índico, en el
segundo otro bien diferente: Al Queda en el Magreb Islámico (AQMI) en el
Sahel. Pese a todas las diferencias
entre los dos escenarios y entre otros ocurridos hace mucho más tiempo y que
serán mencionados en este artículo, en el fondo el debate es siempre el mismo y
no es otro que como se debe reaccionar ante una crisis de estas
características.
Cuando se produce una agresión ilegítima, un acto violento
claramente injusto y que está fuera de toda ley, sólo caben en realidad dos
posibles posturas: la del uso de la fuerza ó la de la cesión en todo ó en parte
de las pretensiones de los delincuentes. Todas las demás alternativas,
frecuentemente vestidas del lenguaje políticamente correcto, sólo encierran
realmente una de las dos actitudes.
La liberación de los rehenes, nunca se produce
exclusivamente por la buena voluntad de los delincuentes a cambio de nada, por
lo que lógicamente cuando estos deciden liberar a los rehenes ha de suponerse
que han obtenido algo a cambio. Esta afirmación es tan obvia que no merece más
explicación, si bien quizá convenga aclarar que aquellos que con extraordinaria
violencia amenazan con quitar la vida de inocentes despertando el miedo y privándoles
de su libertad no cometen estos actos de forma impulsiva sino tras planes muy
elaborados de intencionalidad clara y manifiesta, con independencia de que sus
propósitos sean puramente materiales ó políticos. En este sentido no hay
diferencia alguna entre los terroristas ó los piratas.
Por lo tanto excluida por evidentes razones la posibilidad
de convencer a los secuestradores de cesar en su malévola actitud, sólo cabe
ofrecerles algo ó forzarles a cesar en su chantaje. Comencemos analizando la
primera de las opciones, la de la cesión. Ceder al chantaje de los
secuestradores es una tentación permanente, a la vista de que la vida de los
rehenes puede aún salvarse. A diferencia del chantaje continuo que supone el
asesinato consumado en forma de atentado terrorista, el secuestro tiene
víctimas evitables con nombres y apellidos. Cuando los terroristas asesinan
recuerdan constantemente sus reivindicaciones, advirtiendo que seguirán con su
despreciable comportamiento en tanto no se ceda a sus peticiones. Pero estas
amenazas son genéricas y por lo tanto, pese al miedo y al hastío que producen
los atentados, la sensación de que la mejor forma de evitar otras muertes no es
cediendo al chantaje es más fácil de defender que cuando las víctimas tienen
nombre propio y a menudo hasta fecha y hora de condena mortal. Pero esto es, en
efecto, una sensación. El chantaje es el mismo en todos los casos.
Se ha argumentado que no es lo mismo negociar con
terroristas que con los piratas ya que estos no plantean peticiones políticas
ni violentan la soberanía nacional. La cuestión de fondo es que ceder al
chantaje es hacer útil un delito, y hacer útil un delito es colaborar en él,
por tanto la negociación es siempre ilegítima a menos que no se ceda en nada en
cuyo caso ya no hablaríamos propiamente de negociación sino de mascarada,
engaño ó coacción a través del diálogo, que es al fin y al cabo otra forma de
uso de la fuerza. Según el Código Penal español, artículo 451:
“Será castigado con la pena de prisión de
seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y
sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con
posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1- Auxiliando a los
autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del
delito, sin ánimo de lucro propio.”
Cuando la exigencia de los secuestradores es simplemente
económica suele resultar mucho más asequible para las autoridades ceder al
chantaje. Entrar a valorar si ese dinero se va a utilizar para más secuestros ó
para asesinar ya es algo más etéreo. Valorar si el Estado se pone a la altura
de grupos delictivos “comprando” la paz
ó en términos más directos la vida de sus ciudadanos es a menudo
discutible. Lo importante para las autoridades es que los ciudadanos amenazados
hoy salvan la vida, lo que pueda pasar mañana se “arreglará” mañana. En el caso
de los secuestros de los pesqueros españoles “Playa de Bakio” y “Alakrana” el
gobierno ha negado haber realizado toda negociación con los piratas, aunque
diversos medios de comunicación han dado cifras del rescate incluso datos sobre
como y cuando se llevó cabo el pago. Igual ha sucedido con los secuestrados en
el Sahel. Pese a que los indicios de que se ha pagado un rescate son altas, no ha
habido presión popular ni mediática alguna. Todo parece indicar que la mayoría
de la población da por buena esta solución, a menos que estemos ante un caso de
espiral del silencio, por que lo que sí que ha provocado movilizaciones de todo
tipo es la actitud de los familiares de los secuestrados, reivindicando al
gobierno que logre la liberación, insinuando de forma clara que satisfaga las
demandas de los piratas. Una vez más los delincuentes consiguen el efecto
mediático deseado que no es otro que poner en la diana de la Opinión Pública a las
autoridades en vez de a quienes cometen los delitos.
También en estos tres casos se da un elemento especial, que
no es otro que la lejanía y la falta de jurisdicción española en el lugar de
los hechos. Este hecho, aparentemente puede valer como pretexto para hacer
concesiones a los secuestradores. El hecho de que las leyes españolas no rijan
en el Océano Índico ni en el Sahel y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no
puedan garantizar a los españoles la libertad de movimientos puede ayudar a
comprender la necesidad de la negociación, pues no en vano un elemento básico
para justificar la negociación con un grupo armado terrorista ó delictivo es la
percepción de que la vía policial no es suficiente para vencerles. Pese a ello,
la toma de rehenes es un delito internacional de acuerdo con la Convención
internacional contra la toma de rehenes de 1979 de la que España forma parte,
en el ámbito de Naciones Unidas. Por tanto no puede justificarse en modo
alguno, que los delitos de toma de rehenes cometidos en lejanos territorios no
son delitos para el Estado español y por tanto su trato no debería ser tan
diferente de los llevados a cabo en el suelo patrio.
Por otro lado la realidad demuestra que cuando ETA ha
realizado secuestros en España, si bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como la justicia, no ha descansado para perseguir y castigar a los
secuestradores; no es menos cierto que se han pagado rescates en varias
ocasiones. No obstante, cuando los rescates son pagados por las familias de los
secuestrados podríamos entrar a valorar la existencia de una eximente por
estado de necesidad, ya que no podemos exigir al ciudadano de a pie un
comportamiento heroico cuando la vida de sus seres queridos está amenazada. Sin
embargo si podemos exigir firmeza al Estado, que lejos del calor de las
pasiones humanas debe actuar con firmeza y con una frialdad propia de quien
defiende a todos los españoles y no solamente a unos pocos.
En el fondo, el pago de un rescate es una forma más de
negociación y de apaciguamiento con el terror. Normalmente quien defiende esta
vía suele defender también otras de diálogo y de concesión al uso ilegal de la
fuerza. Entre estas, no se descarta la liberación de presos que han cometido
delitos gravísimos ó incluso la negociación política. Los argumentos para
defender la vía del diálogo son siempre los mismos con independencia de la
naturaleza de los delincuentes ó terroristas y de sus objetivos:
- convicción de que la lucha policial y
la acción de la justicia no es suficiente para vencer a los terroristas.
- cuando se trata de terroristas la percepción, ó al menos
dudas de que los objetivos políticos de los terroristas tienen algo de
legitimidad. Cuando se trata de delincuentes que actúan con motivos materiales
se justifica por la pobreza, el atraso del país en que viven, ó la falta de
oportunidades que les da la sociedad.
- relativismo moral en el sentido de poner al mismo nivel
la violencia ejercida por estos grupos a la ejercida por el Estado ó Estados.
El primer argumento es sin duda el elemento clave. Si no
podemos acabar con los secuestros lo mejor es pagar. La vida de los
secuestrados así queda a salvo. Obviamente los secuestros, como cualquier
delito, disminuyen ó aumentan según las expectativas de éxito que el delito
proporciona a sus autores. Si la estrategia se limita al pago estamos
fomentando el delito y por tanto incrementando el número de víctimas y el de
delincuentes. Si no pagamos, se perderán algunas vidas pero las expectativas de
los secuestradores desaparecen y por tanto el riesgo que estos corren deja de
ser rentable. Para ello es necesario que exista unanimidad en la actuación, lo
que es difícil en el ámbito internacional como se ha podido ver tanto en los
secuestros del Índico como en el Sahel y que como es lógico produce indignación
en quienes se niegan a tratar con los secuestradores, que pagan las
consecuencias de la generosidad de otros. El enfado del presidente Sarkozy y su
dedo apuntando a España (ó a un país africano según su segunda versión), está
encuadrado en esta actitud absolutamente lógica. No en vano el secuestrado por
AQMI de nacionalidad francesa Michel Germaneu fue ejecutado, a
diferencia de los españoles que fueron liberados. Lo mismo sucedió con un el
ciudadano británico Edwain Dyer en junio del año pasado cuando el gobierno
británico se negó a negociar.
En cuanto a los otros dos argumentos, son en realidad
coartadas para el primero. Una vez justificada la negociación por razones de
puro pragmatismo, es necesario vestir esta conducta de una catadura moral
aceptable. Lo que francamente creo que hace aguas por todos lados. Con
independencia de los objetivos de fondo de los terroristas ó de las
circunstancias que llevan a alguien a delinquir, lograr algo mediante el uso de
la violencia no es nunca defendible por que socava la democracia y la
legalidad. Sólo el Estado tiene permitido el uso de la fuerza en sus diversas
formas y no puede ponerse al mismo nivel que otros grupos, por que el Estado
está sometido a leyes y mecanismos de control democráticos. Poner al mismo
nivel de legitimidad a un Estado democrático con un grupo armado es la
deslegitimación absoluta de la democracia.
Una vez analizada la vía de la negociación, vamos a valorar
la otra opción que no es otra que el uso de la fuerza. Lo primero que hay que
decir en este supuesto es que el uso de la fuerza es, en realidad, la única
opción legal que le queda al Estado. Como garante de la libertad y la seguridad
de los ciudadanos el Estado tiene la obligación de perseguir el delito y al
delincuente allí donde esté y no a la connivencia con él. Sin embargo, en el
caso de los secuestros la situación plantea muchas dudas ya que las variantes
son muchas y las posibilidades por lo tanto también. Pero debe recordarse que
las diferentes opciones que se barajan son siempre sobre la forma de usar la
fuerza, no sobre si usarla ó no, ya que esta es la única alternativa legal y
legítima.
En primer lugar hay que diferenciar los casos de cuando se
conoce el lugar donde se custodian los rehenes y cuando no. En el primero de
ellos se puede optar por la liberación por la fuerza mediante el uso de fuerzas
especiales, en el segundo caso no resulta posible. No obstante el hecho de que
sea posible no lo hace siempre recomendable. Hay que valorar seriamente los
riesgos que se corren en función de las informaciones de inteligencia de que se
disponga. En algunos casos como los secuestros del teatro Dubrovka de Moscú y
de la Escuela
de Beslán en Osetia del Norte por terroristas chechenos, la intervención
provocó una masacre.
Lo que sí es siempre fundamental es que la presión que
supone el tiempo de privación de libertad de las víctimas se dirija hacia sus
verdugos y no hacia las autoridades. Para ello debe mandarse un mensaje claro a
los secuestradores: no se va hacer ninguna concesión y los delitos no van a
quedar impunes. Es lícito mantener contacto con ellos, siempre que este esté
encaminado a lograr su claudicación sin darles a entender que se van a aceptar
condiciones, salvo que exista un plan seguro y viable para no cumplirlas. La
presión debe volverse contra ellos sin que las amenazas sobre las víctimas
tengan efecto coactivo alguno sobre las autoridades. Para ello puede ser
necesario evitar la difusión de mensajes de las víctimas, lo que no se hizo en
el caso del “Alakrana”. También debe enviarse un mensaje claro de fortaleza,
que tampoco se hizo en el caso del “Alakrana” y que debería haber consistido en
hacer un seguimiento más cercano del buque secuestrado impidiéndole movimientos
y desde luego la entrada y salida del
buque ni a secuestradores ni a secuestrados. Todo ello implica riesgos, desde
luego, pero siempre hay que tener presente como dice el almirante Tafalla “una
mala situación tiene una mala salida” y que tanto de una cosa como de la otra
son exclusivamente responsables los delincuentes.
De acuerdo con la doctora en la materia Monserrat Abad
Castelos, la lucha contra el secuestro debe ir dirigida hacia la población en
general para contrarrestar el efecto coactivo que producen los secuestradores y
que pone en la diana a las autoridades en lugar de a los autores del delito. El
ciudadano debe entender que el secuestrador ha cometido un crimen y que debe
deponer su actitud de inmediato sin esperar recompensa alguna de su chantaje.
Tal actitud fue la que produjo el secuestro de Miguel Angel Blanco en el verano
de 1997, tras la liberación por la Guardia
Civil de otro secuestrado, el funcionario de prisiones Ortega
Lara, y aunque desgraciadamente no logró salvar su vida, sí consiguió que los
apoyos sociales de ETA se resintieran y que la banda abandonara esta estrategia
por contraproducente.
Curiosamente la Opinión
Pública española ha reaccionado de muy diferente manera en el
secuestro del “Alakrana” exigiéndole al gobierno la liberación, sin duda por la
presión de las familias y del eco que de ellas han hecho los medios de
comunicación. No creo que sea ajena a este hecho la circunstancia de que los
familiares de los marineros que impulsaron la protesta eran vascos, un lugar
donde sin duda se han acostumbrado a la connivencia con el chantaje del terror
y donde más se justifica y se defiende abiertamente el diálogo con ETA. No cabe
duda de que se trata de un síndrome de Estocolmo colectivo, en parte motivado
por que las autoridades no han querido ó no han podido garantizar a los
ciudadanos la libertad y la seguridad propia de otros lugares del territorio
nacional. ¿Qué ha cambiado entonces
desde las protestas contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco a los recientes
secuestros de los atuneros vascos y de los cooperantes catalanes?
Básicamente ha cambiado la actitud de las autoridades, que
lejos de seguir ejerciendo un liderazgo con una fuerte defensa de los valores
democráticos han pasado a una política de apaciguamiento que mucho tiene que
ver con una ideología radicalmente pacifista donde se renuncia a cualquier uso
de la fuerza aunque sea contra grupos terroristas ó delincuentes armados. Posiblemente
el mensaje que se mandó al pueblo español retirando las tropas de Iraq justo
después del brutal atentado del 11 de marzo en Madrid, se ha podido interpretar
como que si se complace al terrorista, este no te volverá a hacer daño, y esta
percepción resulta independiente de que haya realmente una relación causa-efecto
entre una cosa y la otra, algo que por cierto no se ha demostrado.
Por otro lado no deben esperar los ciudadanos que el Estado
pueda garantizar su seguridad en cualquier lugar del mundo si ellos mismos
deciden embarcarse en aventuras peligrosas y menos aún esperar que el Estado
pague, y además en metálico, por los riesgos que asumen en lugares donde ni
siquiera la comunidad internacional es capaz de hacerlo. Y ello con
independencia de si lo hacen por ganarse un jornal, como los atuneros, ó por
motivos lúdicos como los cooperantes.
Pese a algunos desafortunados comentarios que se han hecho
en los medios sobre la lentitud con que la fragata “Canarias” alcanzó al
“Alakrana”, la realidad es que resulta ridículo pensar que un solo buque pueda
situarse a unas horas de cualquier punto del
Océano Índico. Por que la zona donde actúan los piratas somalíes es tan
inmensa que ni siquiera toda la
U.S. Navy desplegada aseguraría una vigilancia adecuada. Este
es uno de los motivos por los que el ciudadano no se explica como después de
ponerse en marcha la operación “Atalanta” continúan los secuestros, aunque
hayan descendido, y el Estado acaba pagando rescates pese al elevado coste que
supone mantener un buque de guerra, al menos, de manera permanente en la zona.
Una vez más se ha enviado al ciudadano un mensaje equivocado, la operación
“Atalanta” no puede impedir la piratería, sólo asegurar una pequeña zona. Y de
hecho ese era el objetivo de la misión, a segurar el tránsito por la ruta del
Mar Rojo y el estrecho de Bad-El-Mandeb. Otras naciones han solucionado los
secuestros por la vía de la fuerza, con bastante éxito por cierto, en el caso
de los norteamericanos y de los rusos.
Publicado en Atenea nº 21, noviembre 2010
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