En
algún medio de comunicación ha sido filtrada la noticia de que se prepara un
importante recorte en el Ministerio de Defensa después de las elecciones. El
objetivo del recorte sería reducir la deuda con el Ministerio de Fomento,
administración a la que se deben importantes sumas por los proyectos
industriales que se han venido haciendo en las últimas décadas. Vaya por
delante que no debemos huir de la crítica realidad en la que estamos y que el
escenario actual implica necesariamente austeridad y por tanto reducción del
gasto público, en aras de evitar caer en una abismal situación de impago que
nos llevaría a un pozo oscuro del que difícilmente saldríamos todos los
españoles. Vaya por delante también que las posturas sectoriales de otros
colectivos cerrándose a cualquier ajuste están totalmente fuera de la realidad,
por reclamar derechos y privilegios insostenibles en el momento actual, es
decir por no ser conscientes de la delicada situación de la economía nacional.
No
obstante lo anterior, cuando se recorta un presupuesto es imperativo saber las
consecuencias que tiene. Todos estaríamos de acuerdo en eliminar los
denominados gastos superfluos, pero éstos se esconden entre los necesarios y a
menudo es más un problema de gestión correcta que de recorte de asignaciones.
Lo que realmente sucede, es que desde la cima no se aprecian los detalles, sólo
se leen los números y reducir los números es un acto sencillo, pero a la vez
incierto y cuyas consecuencias pueden ser trascendentales. Antes de recortar
las asignaciones sería deseable estudiar reformas estructurales o replantearse
objetivos.
El
Ministerio de Defensa inició un plan de ajuste en 2010 con reducción de algunas
partidas. Esa reducción afectó especialmente a la actividad y al mantenimiento
pero no se recortó ningún efectivo real, es decir no se disminuyó la plantilla
ni tampoco las instalaciones, infraestructuras o materiales en uso. Es decir se
optó por reducir aquello más fácilmente recuperable cuando la época de crisis
pase y vuelvan “las vacas gordas”, evitando daños difícilmente subsanables en
años. Ahora los rumores van en otro
sentido.
Las Fuerzas Armadas ya han sido damnificadas
en otras ocasiones con motivo de la falta de recursos económicos. En la crisis
de 1993 se sufrieron recortes importantes que se arrastraron varios ejercicios.
La misma profesionalización se hizo sin grandes aumentos por lo que fueron
necesarios recortes en otro tipo de gastos para poder afrontar el coste de
miles de nóminas nuevas. Los Ejércitos siempre han suplido sus carencias con espíritu
de sacrificio y disciplina, y además con ingenio, imaginación y hasta sentido
del humor. Han constituido ejemplo de austeridad para toda la sociedad
española, ejemplo de sacrificio patriótico. No en vano las Fuerzas Armadas han
experimentado una reducción de efectivos caso continua desde hace treinta años,
tendencia que había empezado a cambiar lentamente. A diferencia de los cuerpos
funcionariales que no paran de engordar, los Ejércitos han ido perdiendo peso
acompañando la reducción con una optimización y racionalización de los recursos
humanos ejemplar para otras administraciones. También las Fuerzas Armadas
llevan muchos años desafectando inmuebles, vendiendo propiedades, desalojando
instalaciones, en muchos casos con un escaso beneficio para la Defensa en
detrimento de otras prestaciones. Incluso hay tristes ejemplos de lo que ha
sucedido con instalaciones en buenas condiciones de uso que han sido cedidas a
otras administraciones poco diligentes que las han sumido en un absoluto
abandono. Véase por ejemplo que ha sido de la antigua Escuela de transmisiones
de la Armada en Vigo, o de la de artillería naval en San Fernando.
Si
ahora se opta por pasar la tijera al alumno más aplicado, se estará dando un
mal ejemplo al resto de las administraciones, castigando al que mejor había
hecho los deberes, mientras se premia al alumno derrochador y despilfarrador.
En ninguna de las reducciones que se
ha hecho en Defensa se han limitado los compromisos internacionales, lo que se
traduce en un nivel de exigencia similar ó mayor con menos recursos. Esto
implica mayores sacrificios para nuestro material sometido a un tremendo
desgaste y también a nuestro personal reducido para una presencia exterior cada
vez mayor. Si se opta por reducir las instalaciones y los efectivos humanos sin
limitar la actividad exterior el esfuerzo será aún mayor pudiendo llegar al
límite de los sostenible. Reducir la actividad en adiestramiento, en enseñanza
de perfeccionamiento o en mantenimiento de instalaciones puede sostenerse algún
tiempo pero a medio plazo tendrá serias consecuencias en la operatividad. Una
buena medida, en cambio, podría ser derogar la ley de carrera militar que
establece los cursos de integración de escalas, los sistemas de enseñanza, y un
régimen de ascensos muy costosos y que además son ineficaces.
Reducir los recursos asignados a la Fuerza o al Apoyo a la Fuerza implicaría
forzosamente perder capacidades y una capacidad perdida puede ser irrecuperable
en la práctica. Por la actual composición y medios disponibles, nuestras
Fuerzas Armadas cuentan con los recursos justos para mantener las capacidades
operativas mínimas de acuerdo con nuestros objetivos actuales y nuestros
compromisos. Para entendernos, si en una localidad existen tres centros de
salud y cerramos uno, los otros dos se masificarán y la calidad de la
asistencia mermará. Pero si sólo disponemos de un centro y lo cerramos será
imposible dar asistencia ninguna.
También debe tenerse en cuenta que
las Fuerzas Armadas están empleando valiosísimos recursos, tanto de personal
como de material, en misiones que corresponden realmente a otras
administraciones. El ejemplo más evidente es la UME que es sostenida por
Defensa pero sus misiones son exclusivamente civiles.
Por otro lado los gastos más
elevados que sufre la Defensa ,y que ahora suponen una importante deuda, son
las costosas adquisiciones de material, partidas elevadas invertidas en
proyectos industriales de los que se ha beneficiado la industria española
fomentando I+D+I y manteniendo miles de puestos de trabajo en empresas como
Navantia o Indra. Con frecuencia, los costes de estos proyectos se acaban
inflando enormemente por razones ajenas a la Defensa. Una vez más se estaría
castigando a quien hace correctamente sus deberes.
En conclusión podemos decir que si
bien la reducción del gasto público se hace imprescindible, hay que conocer
bien el funcionamiento interno de cada administración para saber donde recortar
y sobre todo como gestionar mejor los recursos. No se debe recortar a quien
mejor gestiona, porque ése precisamente no puede reducir más sin dañar
gravemente los objetivos y prestaciones a los que sirve y porque además se
premiaría el despilfarro, lo que a larga repercutirá en un mayor derroche del
gasto público.
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